Es t
riste, a la vez que penoso, que tengamos que poner voz a las cunetas y fosas que inundan nuestra Península Ibérica; esto nunca debería pasar. Que las fosas no tengan voz propia es una clara “victoria” de esta “democracia pacificadora», que ha dejado a la tierra sorda y a las nuevas generaciones vendidas a través del miedo y el olvido, como si nada hubiera ocurrido.
Un pueblo que eligió su propia soberanía, la soberanía que tanto costó moldear a través de la II República con la Constitución de diciembre de 1931, aprobada por las cortes Constituyentes tras las elecciones generales y que acabó golpeada -nunca mejor dicho- por una rebelión militar que condujo a un golpe de estado.
La rebelión fue apoyada de forma militar, ideológica y económica por la Alemania de Hitler. Cuando esta no triunfó en todo el territorio, la Alemania nazi empezó a probar su armamento contra civiles indefensxs, en un ensayo de lo que haría posteriormente en Europa.
La represión no terminó en 1939, con el fin de la Guerra Civil Española. Los crímenes, torturas y graves violaciones de derechos humanos se prolongaron durante décadas hasta el final del franquismo. El prestigioso historiador Paul Preston ha señalado que no existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y duración de estas atrocidades de Estado.
Entre las numerosas víctimas de este terrorismo de Estado puedo mencionar casos altamente conocidos como son: las 13 rosas, Primitiva Rodríguez, Francisco Escribano, Granada Garzón de la Hera, Balbina Gayo Gutiérrez, Santos Valentín Francisco Díaz, Isabel Picorel, Antonio Parra Ortega, Gerardo González Iglesias, José Villalibre Toral, Severiano Rivas Feliciano, Marcos Brasa, Agustín Rueda Plaza, Félix Padín, Salvador Puig Antich… Así como miles de vidas anónimas: maquis asesinados, profesorxs y artistas también asesinadxs simplemente por acercar la cultura al pueblo, mujeres que no estaban casadas, etc. Se trataba de personas que sufrieron distintas agresiones, vejaciones y humillaciones como las recibidas en público con aceite de recino, en forma de forzada extremaunción o con los sonidos de las campanas de la iglesia anunciando nuevas ejecuciones.
Es Félix Padín, militante encarcelado por el franquismo y componente de los batallones de trabajadores, quien narra ante el juzgado y a sus 97 años de edad, los horrores que tuvo que sufrir durante la dictadura franquista. De esta manera, honra a tantas y tantos compañeros y compañeras que aún siguen enterradxs en las cunetas de esta supuesta democracia, en la que lamentablemente, existen diferentes categorías de víctimas; un sin fin de nombres que merecen el más alto respeto por defender un mundo mejor.
España es el segundo país del mundo con más desaparecidxs, por detrás de Camboya. La ONU ha exigido a los poderes estatales que protejan los derechos de lxs familiares de las víctimas del franquismo.
De los 132.202 asesinatos cometidos por el régimen franquista durante la Guerra Civil, se calcula que un total de 114.000 fusiladxs siguen enterradxs en fosas y cunetas sin seña, repartidos por todo el territorio nacional, a lo que hay que añadir las 200.000 víctimas encarceladas durante la posguerra.
Todas las víctimas siguen pendientes de la justicia universal, verdad y reparación que sólo alcanzarán cuando este Estado cumpla con el compromiso que adquirió con ellas y recupere la memoria; un compromiso que a juicio de las mismas, ha sido incumplido por la mayor parte de los gobiernos españoles. Casi cuarenta años después de la instauración del vigente régimen democrático, cuando está a punto de extinguirse la generación nonagenaria de allegadxs y familiares de las víctimas, quedan más de un millar de fosas por abrir (1204). Precisamente, son lxs allegadxs y familiares las personas a las que más se debe esa memoria y ese respeto, para que puedan despedirse de sus familiares de la forma más digna posible.
Triste todo ello, como la aparición de esta noticia, publicada a fecha de 2 de junio de 2015 por el diario Público.
“El Gobierno afirma que los crímenes del franquismo no pueden ser llamados genocidio. El Ejecutivo justifica de esta manera su rechazo a extraditar a Argentina a 17 responsables franquistas. También refuta derogar la Ley de Amnistía y considera que una “Comisión de la Verdad” no sería adecuada para el sistema constitucional.
Al menos 132.202 personas, que defendieron la legalidad y la democracia de la II República fueron asesinadas durante la Guerra Civil. Otras 200.000 personas, que el régimen fascista consideró como republicanas, murieron en las cárceles y campos de concentración de la España franquista. En las cunetas de cualquier carretera secundaria del país hay enterradxs cerca de 114.000 desaparecidxs. De hecho, las Administraciones Públicas tienen constancia de 1.204 fosas comunes sin abrir. A estas cifras hay que añadir el aterrador balance represor de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manejó cualquier espacio de poder del Estado español.
Sin embargo, el Gobierno español afirma que estos hechos difícilmente podrían encajarse en la figura de genocidio, la cual exige la eliminación total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
En primer lugar, porque el ordenamiento jurídico español establece que: “corresponde a España, y no a un tercer país, la competencia de juzgar los delitos cometidos por españoles en territorio español». Se trata del principio de jurisdicción preferente, que afirma que en este caso no es aplicable el Principio de jurisdicción universal.
En segundo lugar, porque estos crímenes están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, «instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles».
En tercer y último lugar, porque aún en el hipotético caso de que el Estado derogara la Ley de Amnistía, las exigencias que establece el Principio de legalidad no permitirían que fueran juzgados de manera retroactiva sucesos ocurridos bajo el ámbito objetivo de la aplicación de la Ley de Amnistía.
Sin embargo, expertos de la ONU en Derechos Humanos ya han advertido reiteradamente al Gobierno que estos argumentos carecen de base, pues contradicen e ignoran las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos.
“El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. (…) La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad”, señalaron cuatro expertxs de la ONU en Derechos Humanos tras la negativa de España a extraditar a Argentina a responsables de la dictadura española.”
Estas son declaraciones reales, emitidas entre 2014 y 2015, pasados 37 años de la creación de la Constitución española de 1978; Constitución que en su primera página tiene el águila de San Juan, emblema de la bandera golpista franquista.
La Constitución se legalizó después de su paso por referéndum, tras una orgía política circense liderada por el «Salvador» Adolfo Suárez –detrás de él, el ser Supremo Borbón- y compuesta por los representantes de todas las fuerzas políticas (izquierdas y derechas) legalizadas e inmersas en el sistema.
Así, la transición se adaptó a la nueva monarquía parlamentaria e hizo ciega y sorda la atrocidad acontecida desde finales de los años 30. Una falsa transición que lo único que ha conseguido es hacer olvidar y hacer creer que en esta península nada ocurrió, que debemos olvidar y vivir en una paz social controlada por el estado, donde lo que es diferente es criminalizado; curiosa “memocracia”.
A día de hoy me encuentro imputado en un presunto delito de supuestos daños estructurales en la iglesia de San Esteban, situada en Humanes, algo ocurrido según la citación, el 4 de noviembre de 2014.
Posteriormente, en una visita al cuartel de la Guardia civil por un accidente de tráfico, el superior presente me recordó la incautación y me amenazó: «si rompieran las ventanas de la casa en la que vives alquilado, ¿Qué harías?» y «habrá que comprobar eso que dices de enaltecimiento al fascismo y tu querida memoria histórica». Provocando mi risa y demostrando su absoluta estupidez.
El 15 de mayo llega a mi domicilio una citación para que me presente en el juzgado el 19 de mayo, en día festivo y sin respetar los plazos de una semana que establece la ley para la búsqueda de abogadx. La citación especificaba la obligación de comparecer y de no ser así, el acuerdo de detención y presentación a dicho juzgado de mi persona por parte de la policía. Me encuentro que los tres estamentos del estado más importantes me denuncian: el Ayuntamiento, el clero y el aparato militar represor en forma de Guardia civil.
Estos son los hechos por los que acabaron imputándome:
El 18 de diciembre, en un control rutinario de la policía en una urbanización, observaron un coche que aminoraba bruscamente la velocidad –difícil no reducir la velocidad en una vía de apenas un carril para ambos sentidos llena de agujeros y resaltos- Procedieron a la detención del vehículo y a pedir la documentación de la persona conductora.
En el cacheo se detectan unas pegatinas con inscripciones antisistema, de extrema izquierda y dichas simbologías.
Fotografiando todo el contenido del maletero del coche (el trozo en cuestión y demás pertenencias).
Realizada la denuncia, el conductor rechazó firmar la misma.
En noviembre de 2014, el Alcalde interpuso una denuncia en la jurisdicción de la guardia civil por un hecho de ruptura de la placa de mármol situada en la fachada de la Iglesia de San Esteban de Humanes. Hecho cometido por autores desconocidos -así que me ha tocado a mí el premio-.
Según citan en la denuncia el fragmento de placa era portada como un «premio» a la Memoria Histórica. La incautación de un trozo de la placa en memoria de Primo de Rivera que supuestamente dañé, fue requisada en un dispositivo especial de vigilancia. En la denuncia de incautación se adjuntó una fotografía de la placa en sí y 4 botes de spray. Dicha denuncia fue formulada en una hoja de incautación de níscalos (por estar en época de ello en los terrenos cercanos) y ante mi risa por el hecho, el cual no fue firmado por mi parte, aludían que no tenían otra hoja oficial que no fuera eso; cosa que me provocó aún más risa. Estos hechos sucedieron el 18 de diciembre del pasado año.
Toda la denuncia viene formulada por los tres estamentos del estado: un ayuntamiento, el clero y las fuerzas militares represoras (en forma de guardia civil). El alcalde declara que ese fragmento era, con total y absoluta seguridad, perteneciente a la placa desaparecida. Adjunta un presupuesto cercano a mil euros para la reproducción exacta de la placa y su colocación en el término municipal de nuevo y alega que he provocado daños morales en la población, al ser personas importantes para el municipio.
Todo un proceso contra mi persona, hecho de forma dañina y con alevosía. El cual, desconozco cómo acabará. En este estado tan incoherente -tanto con la historia pasada como en el presente- en el que residimos, A día de hoy -después de estos agravios- pregunto en el pueblo a los residentes sobre el tema. Ni siquiera se han percatado de la falta de la placa en la fachada; otros tantos ni sabían que estaba ahí. Pero, aun así, eran personas ilustres para el pueblo…
Os cuento como viví todo este proceso:
La historia empieza a las 9.00h, cuando mi representante legal, me comunica que lo mejor es que estuviéramos los dos a las 10:00h en el juzgado de Instrucción número 3 de Fuenlabrada.
A esa hora nos personamos en dicho lugar. Una vez allí nos mandan a otra sala donde leen mis derechos y hacen las preguntas básicas de identificación, tanto a mí como a mi representante. Él pide el arrache donde lee todo el proceso. Sólo con verlo se ríe por las causas y los denunciantes.
Hechos estos trámites, nos toca esperar hasta que la juez estuviera receptiva para el juicio. Mi abogado aprovecha para contarme que la denuncia viene tramitada por el Ayuntamiento de Humanes y por el cura del pueblo -que ha sido coaccionado por un Guardia civil que lleva a Tejero tatuado en su piel-.
En la denuncia se alega que los destrozos del monolito, han causado daños morales en el pueblo debido a que Primo de Rivera era una persona ilustre, vamos; que José Antonio primo de Rivera era un ejemplo de político (ja ja ja). Han pedido presupuesto para una placa nueva exacta y es una de las cosas que quieren hacer que pague, aparte de los ilusorios daños graves en la iglesia.
Entramos a la sala de juicios, a la cual accedimos -gracias a una secretaria falta de experiencia- por el acceso para jueces, ¡¡¡todo un lujo!!! (Jajaja). Dentro, acepto mi derecho a declarar y respondo con calma y realidad las preguntas de la juez. Se me preguntó por el suceso. Yo sólo pude alegar que encontré una placa rota con la inscripción de «caídos por Dios y por España José Antonio primo de Rivera» y que me pareció graciosa a la vez que increíble, al romper la vigente ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno y el Congreso.
Se me inculpa de daños graves a la estructura de la iglesia. La juez me pregunta por ello. Yo lo niego y explico que era un monolito que estaba en la fachada exterior del recinto sujetado con clavos gordos.
Una vez acabadas las preguntas de la juez y mi declaración, se da paso a mi defensa. Mi abogado me pregunta si conocía el pueblo: Sí, contesto. Si había observado si el hecho había entorpecido el funcionamiento de los actos de la iglesia: No, contesto. No hubo más preguntas, la cosa estaba bastante clara.
Acabado el juicio, salimos del juzgado y mi abogado comenta que esto no acaba aquí, que probablemente la acusación pedirá imputaciones más graves y el caso será trasladado a los juzgados de Guadalajara. Por ello, decido ponerme en contacto con la Coordinadora Antirrepresiva de Guadalajara y demás colectivos contra este tipo de atropellos a la realidad.
Mi abogado me recomienda hacer público el caso. En el arrecho adjuntan todos los documentos y daños descritos, tanto materiales como morales, no sin olvidar la fotografía del ya famoso monolito. Así, queda patente la violación sufrida a esta ley de Memoria histórica que dió oxígeno a todos los afectados.
Ahora voy a hablar de la “realidad” legal:
La ley de Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre) en su Artículo 11. Colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas, dice:
“Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines. La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo.»
En su Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos, dice:
“Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la Ley. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.»
Considero estos artículos bastante ilustradores con respecto al caso descrito y adjunto la ley vigente para que se vean las grandes mentiras que dice, ya que no se cumple:
http://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007
Aquí me despido, no sin cierta ironía: «salve democracia, los que van a morir te saludan».
Gracias. Salud.
Fdo.: Sr.F.